El proyecto lleva la firma de la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio. La multa podría superar el millón de pesos en los casos en que «la infracción sea cometida por una persona jurídica», es decir, las organizaciones de recicladores urbanos, a las cuales también se les decomisará los materiales recolectados.

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